RECALCA, Bogotá, noviembre 1 de 2007.
El panorama de las gestiones del gobierno colombiano
en Estados Unidos se ensombrece cada día más. Está
claro que este año no habrá TLC con EEUU, a pesar de
que han invitado a Colombia a decenas de
parlamentarios estadounidenses y de que en los últimos
meses han venido y vendrán numerosos funcionarios de
la administración Bush –desde Carlos Gutiérrez,
secretario de Comercio, y Henry Paulson, secretario
del Tesoro, hasta Susan Schwab representante
comercial– y de que todos los días el gobierno
norteamericano hace declaraciones a favor del tratado,
tildándolo como tema de seguridad nacional e
intentando asustar con el fantasma de la influencia de
Chávez sobre la región.
En Estados Unidos el Partido Demócrata ha presionado a
la administración Bush para que apruebe el Trade
Adjustment Assistance, TAA, que tiene el objetivo de
compensar a los trabajadores de ese país por las
pérdidas producidas a causa de la liberalización
comercial. En el Senado los republicanos se oponen a
los montos propuestos por los demócratas para este
programa y a su vez los demócratas han condicionado la
continuación del trámite de los TLC pendientes a la
aprobación de este programa. Los republicanos insisten
en ligar dicho programa a la renovación de la
autorización para hacer negociaciones comerciales por
"la vía rápida" (TPA), y entre idas y venidas se
enreda la agenda comercial de Bush, quien cada día
aumenta su desprestigio al paso que incluso los
votantes republicanos se inclinan en contra del libre
comercio.
Los demócratas, quienes de todas maneras son proclives
a los TLC, impusieron su posición manejados por
Charles Rancel y en el caso de Perú hicieron que la
Comisión de Medios y Arbitrios aprobara el TLC con
Perú, el cual al parecer se someterá a votación de la
Cámara de Representantes en la primera semana de
noviembre. Aunque por su parte Rangel anunció que este
año no se votarán más tratados, el liderazgo demócrata
manifestó su complacencia con el texto reformado por
medio del reciente acuerdo bipartidista mediante el
cual se suscribió un Protocolo Modificatorio del TLC
Sin embargo, a medida que el tiempo pasa la situación
se le complica a Bush y el tema se está politizando
aceleradamente. Hillary Clinton, la candidata
presidencial más opcionada por el Partido Demócrata,
se mostró en contra del TLC con Perú y se distanció de
la agenda comercial de Bush. Otro candidato demócrata,
John Edwards, se pronunció fuertemente contra los
tratados de libre comercio y los senadores Kennedy y
Waxman proclamaron decididamente que estaban en contra
de las definiciones sobre propiedad intelectual
estipuladas en los TLC.
Esto ratifica que la agenda comercial de Bush se
encuentra gravemente empantanada y su insistencia en
el trámite de los TLC obedece exclusivamente a su
cerrada lealtad a los intereses de las
multinacionales.
En Colombia Uribe Vélez sigue ciegamente la agenda
republicana e incluso se adelanta a sus deseos. Esta
semana hizo aprobar a pupitrazo el Protocolo
Modificatorio del TLC como si con esta reiterada
obsecuencia con las orientaciones de Bush, pudiera
eludir los crecientes cuestionamientos que
internacional y nacionalmente se hacen a su conducta
en materia de democracia y derechos humanos.
Su enfrentamiento con la Corte Suprema de Justicia,
sus ataques al recién elegido Alcalde de Bogotá Samuel
Moreno tratando de impedir su elección y sus
permanentes agresiones contra el presidente del Polo
Democrático Alternativo, Carlos Gaviria, pretenden
tender una cortina de humo sobre los cotidianos
descubrimientos nuevos que los investigadores hacen
sobre sus estrechos vínculos con los grupos
paramilitares que han asolado el país durante años y
que son justamente los que han llevado a que muchos
demócratas en EEUU manifiesten escrúpulos de firmar un
TLC con este gobierno.
La renuncia de Sandra Suárez, quien hace pocas semanas
fue presentada pomposamente como la coordinadora
colombiana del trámite del TLC en Estados Unidos,
refleja las dificultades de Uribe. Primero algunos
medios informaron que dicha funcionaria había sido
señalada de tener nexos con los acusados de la
parapolítica, después trataron de eludir el tema y
explicaron que la verdad era que la flamante
coordinadora –encargada de "defender los intereses de
Colombia" – se había ido a trabajar en una
multinacional farmacéutica que justamente defiende
intereses opuestos a los de Colombia. Hacía muy pocos
meses la funcionaría había iniciado sus labores y ni
siquiera alcanzó a conocer el ambiente en Washington.
A su salida señaló que este año no se aprobaría el TLC
en Estados Unidos, cosa que ratificó el ministro de
Comercio de Colombia señalando que en febrero harán un
nuevo intento.
El millonario cabildeo de Uribe en Washington ha
intentado hacer creer que tiene el apoyo de
organizaciones sindicales, indígenas y
afrodescendientes para lo cual se ha valido de los
buenos oficios de unos cuantos esquiroles y
arribistas, lo cual exige que las organizaciones
sociales se pronuncien enfáticamente en contra.
El movimiento popular debe aprovechar que los TLC
están en un profundo descrédito en el continente y
arreciar su denuncia y labor educativa sobre sus
nefastos efectos para asegurar que nuevas protestas
impidan que el trámite de este tratado llegue a su
fin.
El panorama de las gestiones del gobierno colombiano
en Estados Unidos se ensombrece cada día más. Está
claro que este año no habrá TLC con EEUU, a pesar de
que han invitado a Colombia a decenas de
parlamentarios estadounidenses y de que en los últimos
meses han venido y vendrán numerosos funcionarios de
la administració
secretario de Comercio, y Henry Paulson, secretario
del Tesoro, hasta Susan Schwab representante
comercial– y de que todos los días el gobierno
norteamericano hace declaraciones a favor del tratado,
tildándolo como tema de seguridad nacional e
intentando asustar con el fantasma de la influencia de
Chávez sobre la región.
En Estados Unidos el Partido Demócrata ha presionado a
la administració
Adjustment Assistance, TAA, que tiene el objetivo de
compensar a los trabajadores de ese país por las
pérdidas producidas a causa de la liberalizació
comercial. En el Senado los republicanos se oponen a
los montos propuestos por los demócratas para este
programa y a su vez los demócratas han condicionado la
continuación del trámite de los TLC pendientes a la
aprobación de este programa. Los republicanos insisten
en ligar dicho programa a la renovación de la
autorización para hacer negociaciones comerciales por
"la vía rápida" (TPA), y entre idas y venidas se
enreda la agenda comercial de Bush, quien cada día
aumenta su desprestigio al paso que incluso los
votantes republicanos se inclinan en contra del libre
comercio.
Los demócratas, quienes de todas maneras son proclives
a los TLC, impusieron su posición manejados por
Charles Rancel y en el caso de Perú hicieron que la
Comisión de Medios y Arbitrios aprobara el TLC con
Perú, el cual al parecer se someterá a votación de la
Cámara de Representantes en la primera semana de
noviembre. Aunque por su parte Rangel anunció que este
año no se votarán más tratados, el liderazgo demócrata
manifestó su complacencia con el texto reformado por
medio del reciente acuerdo bipartidista mediante el
cual se suscribió un Protocolo Modificatorio del TLC
Sin embargo, a medida que el tiempo pasa la situación
se le complica a Bush y el tema se está politizando
aceleradamente. Hillary Clinton, la candidata
presidencial más opcionada por el Partido Demócrata,
se mostró en contra del TLC con Perú y se distanció de
la agenda comercial de Bush. Otro candidato demócrata,
John Edwards, se pronunció fuertemente contra los
tratados de libre comercio y los senadores Kennedy y
Waxman proclamaron decididamente que estaban en contra
de las definiciones sobre propiedad intelectual
estipuladas en los TLC.
Esto ratifica que la agenda comercial de Bush se
encuentra gravemente empantanada y su insistencia en
el trámite de los TLC obedece exclusivamente a su
cerrada lealtad a los intereses de las
multinacionales.
En Colombia Uribe Vélez sigue ciegamente la agenda
republicana e incluso se adelanta a sus deseos. Esta
semana hizo aprobar a pupitrazo el Protocolo
Modificatorio del TLC como si con esta reiterada
obsecuencia con las orientaciones de Bush, pudiera
eludir los crecientes cuestionamientos que
internacional y nacionalmente se hacen a su conducta
en materia de democracia y derechos humanos.
Su enfrentamiento con la Corte Suprema de Justicia,
sus ataques al recién elegido Alcalde de Bogotá Samuel
Moreno tratando de impedir su elección y sus
permanentes agresiones contra el presidente del Polo
Democrático Alternativo, Carlos Gaviria, pretenden
tender una cortina de humo sobre los cotidianos
descubrimientos nuevos que los investigadores hacen
sobre sus estrechos vínculos con los grupos
paramilitares que han asolado el país durante años y
que son justamente los que han llevado a que muchos
demócratas en EEUU manifiesten escrúpulos de firmar un
TLC con este gobierno.
La renuncia de Sandra Suárez, quien hace pocas semanas
fue presentada pomposamente como la coordinadora
colombiana del trámite del TLC en Estados Unidos,
refleja las dificultades de Uribe. Primero algunos
medios informaron que dicha funcionaria había sido
señalada de tener nexos con los acusados de la
parapolítica, después trataron de eludir el tema y
explicaron que la verdad era que la flamante
coordinadora –encargada de "defender los intereses de
Colombia" – se había ido a trabajar en una
multinacional farmacéutica que justamente defiende
intereses opuestos a los de Colombia. Hacía muy pocos
meses la funcionaría había iniciado sus labores y ni
siquiera alcanzó a conocer el ambiente en Washington.
A su salida señaló que este año no se aprobaría el TLC
en Estados Unidos, cosa que ratificó el ministro de
Comercio de Colombia señalando que en febrero harán un
nuevo intento.
El millonario cabildeo de Uribe en Washington ha
intentado hacer creer que tiene el apoyo de
organizaciones sindicales, indígenas y
afrodescendientes para lo cual se ha valido de los
buenos oficios de unos cuantos esquiroles y
arribistas, lo cual exige que las organizaciones
sociales se pronuncien enfáticamente en contra.
El movimiento popular debe aprovechar que los TLC
están en un profundo descrédito en el continente y
arreciar su denuncia y labor educativa sobre sus
nefastos efectos para asegurar que nuevas protestas
impidan que el trámite de este tratado llegue a su
fin.
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