El uribazo
by EL NUEVO SIGLO
* Corte confirma compra-venta de reelección
* Insólitas contradicciones presidenciales
Una diatriba contra la Corte Suprema de Justicia fue lo que emitió el
presidente de la República en su alocución radiotelevisada de medianoche. Y
así fue al conocerse el prontuario de las corruptelas que surgieron de la
comprobada coyunda para torcer de negativo a positivo el proyecto de
reelección presidencial inmediata, desviando ilegítimamente el poder, según
la Corporación, y que presupone la sanción judicial sobre varios
protagonistas más. No puede, determinó la Corte, justificarse fines
políticos con medios inmorales, en lo que cualquier colombiano, hasta el más
desprevenido, está de acuerdo.
Frente a ello, el presidente ipso facto y sobre la marcha, recusó la
decisión sobre Yidis Medina, calificándola de "autoincriminación", como si
tal circunstancia no hubiera sido sometida debidamente al acervo probatorio
puesto que, en efecto, la confesión no es prueba si no está cotejada en los
documentos y las pesquisas que han causado pasmo en la nación. Habló el
presidente de antecedentes delictivos de Medina, sin que conste fallo
ninguno que así lo acredite. Se abstuvo, ciertamente, de aducir demencia
como lo había sugerido a través de su abogado, pues el dictamen de Medicina
Legal demostró que estaba plenamente lúcida. Y luego, fruto del estado de
ánimo presidencial, acusó a la Corte de abuso de poder, usurpación de
competencias, justicia selectiva, de atemorizar al Congreso y de prestarse a
la trampa del terrorismo. Nunca, en la historia del país, se había
presentado semejante rosario, lo que demuestra el tamaño de lo que está en
juego. Un hecho que, sin duda, no sólo corrobora el crac institucional, sino
colabora en la tensión económica, la desconfianza inversionista y el
demérito internacional. Es la hecatombe por donde menos se pensaba, con
visos incalculables y de una incertidumbre inverecunda.
Bajo esa sombrilla, los áulicos saldrán a zaherir a la Corte y
fundamentarse en sondeos y zalamerías. Sin embargo, nada bueno suele
aposentarse en el tumulto. Lo sentenciado por la Corte es irreversible y
ejemplificante y se mantendrá por el camino de su propia facultad y majestad
constitucionales, porque está demostrado que no se arredra. ¿Qué hará el
Presidente cuando se profundicen las investigaciones de la Fiscalía sobre
sus subordinados, como tendrá que ocurrir acorde con el fallo contra Medina?
El camino correcto, afirmó el primer mandatario, debe ser la regla
democrática. No obstante, el credo democrático, que se jura hasta en las
posesiones más inanes, es cumplir la Constitución y la ley, comenzando por
las sentencias de los jueces. Es lo que va del credo a la regla, del sistema
al parágrafo, de la doctrina al inciso. Y en tal caso todas las
corporaciones judiciales tendrán que respaldar a la Corte Suprema.
Y de colofón a la diatriba, el presidente sorprendió al sostener que
convocará al Congreso para tramitar una ley de referendo para ordenar la
repetición de las elecciones de 2006. Sorprendió, no por el animus
reeleccionista que palpita en la propuesta, sino porque paradójica e
implícitamente reconoce que la
Corte tiene razón. Así lo hace al sustentar el referendo en el
requerimiento de subsanar el acto espurio en que se funda su segundo
mandato. ¿Si no es así para que nuevas elecciones? Además nadie discute los
siete millones de votos, que están exentos de debate. Lo que se controvierte
es la compraventa de la figura de la reelección presidencial inmediata.
Incurre en otra contradicción el primer mandatario al decir que
convocará a un referendo para los efectos señalados. No puede ser así, tanto
en cuanto este instrumento está establecido para reformar artículos
determinados y explícitos de la Constitución, única y exclusivamente. O sea,
que en ningún caso el referendo puede servir para repetir elecciones, mucho
menos cuando ellas ni siquiera han sido anuladas por las autoridades
pertinentes. Estará más bien pensando en un plebiscito, pero éste no puede
abrogarse facultades de otros órganos, como los contenciosos y electorales,
que son los autorizados para anular elecciones. Además, según la ley, el
plebiscito necesita de una votación de la mitad del censo electoral, catorce
millones de votos. Y si lo que pretende es una consulta no es la vía clara
al respecto. En cualquier caso tendrá que justificarse de antemano en la
ilegitimidad del asunto, que es el punto central de la Corte. ¿Entonces por
qué la ataca?.
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